Latinoamérica
BOLIVIA
22 - 09 - 08
Evo Morales dice que la oposición dilata discusiones para evitar acuerdos
(Nota con Audios)
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Latinoamérica
BOLIVIA
22 - 09 - 08
Evo Morales dice que la oposición dilata discusiones para evitar acuerdos
Latinoamérica
BOLIVIA
22 - 09 - 08
Movimientos sociales fortalecen medidas de apoyo al Gobierno de Bolivia
Dirigentes de las seis Federaciones del Trópico de Cochabamba informaron que campesinos de toda la región continúan sumándose a las medidas de apoyo al Gobierno de Evo Morales.
(Nota con Audios)
Latinoamérica
16 - 09 - 08
Comisión especial de
(Nota con Audios)
Latinomérica
BOLIVIA
16 - 09 - 08
Sobrevivientes de la masacre de Pando
detallan asesinato de niños
En el Salón Rojo de
Explicaron que una movilización campesina fue emboscada por sicarios que dejaron un tendal de muertos y heridos, y responsabilizaron de ese genocidio al prefecto de Pando, Leopoldo Fernández.
(Nota con audios)
Latinoamérica
PANAMÁ
04 - 09 - 08
Panameños realizan Jornada nacional de protesta popular
Organizaciones sociales realizan este jueves una jornada para pedir rebaja y congelamiento de los precios de los productos de la canasta básica familiar y la tarifa eléctrica y aumento general del 20 por ciento en salarios y pensiones para jubilados.
10 - 09 - 08
Grupos de choque separatistas saquean edificios públicos en Bolivia
Grupos de la Unión Juvenil Cruceñista saquearon tres instituciones públicas este martes en la ciudad de Santa Cruz, en Bolivia. El gobierno anunció que descarta el estado de sitio como respuesta a la escalada de acciones directas de la oposición.
La opositora Unión Juvenil Cruceñista tomó por la fuerza las instalaciones del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL).
Los separatistas movilizados rebasaron la protección policial de los edificios, robaron equipos electrónicos y quemaron documentación.
El gobierno apuntó a los sectores políticos opositores de la Prefectura de Santa Cruz como los impulsores de las medidas de acción directa.
Sectores opositores de los departamentos de Beni, Pando, Tarija y Santa Cruz realizan hace dos semana medidas de fuerza para exigir la devolución de impuestos a hidrocarburos y rechazar el proyecto de Constitución.
Un informe de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) señaló que ya son 30 las rutas cortadas por la oposición en el oriente y sur del país.
Sin embargo, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, aseguró que no responderán con el estado de sitio a lo que calificó como una "política de terror" de la oposición.
Argumentó que declarar el estado de sitio sería entregar una justificación a los grupos separatistas para multiplicar los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
El Ministro de Gobierno de Bolivia, Alfredo Rada, aseguró que "se dio inicio a un golpe de estado cívico prefectural contra la unidad del país y la democracia".
Sostuvo que se trata de "apenas un puñado de personas que atacan las instituciones públicas y que agraden a ciudadanos que no están de acuerdo con ellos".
Según la Agencia Boliviana de Noticias (ABN) las "acciones subversivas" comenzaron "apenas unas horas después del retorno al país (…) del principal líder de la asonada cívico-prefectural, Branco Marinkovic", que se encontraba en Estados Unidos.
También el prefecto Ruben Costas fue señalado como promotor "en las sombras" de los hechos violentos en Santa Cruz.
Por su parte, el Ministro de Defensa, Walker San Miguel, destacó el accionar de los militares "de rostro indígena, de rostro moreno" y algunos de ellos con tan solo "6 u 8 meses de formación".
Sostuvo que "están demostrando que no responden a la provocación, que no han disparado ni van a disparar un arma de fuego, que prefieren sufrir (…) graves vejámenes para demostrarle a los bolivianos y al mundo entero, que los fascistas no van a pasar".
El Ministro de Defensa boliviano aseguró además que no se decretará estado de sitio para contrarrestar el golpe cívico prefectural y explicó que "un millón de habitantes y sus libertades ciudadanas no van a ser alteradas por 500 o 600 malandrines".
Latinoamérica
BRASIL
3 - 09 - 08
El volumen invertido en el agronegocio creció durante la cosecha 2007/2008, según datos oficiales, y correspondió a casi el 90% del total de inversiones en la producción agrícola del país.
El total de dinero que el gobierno dispuso para el agronegocio exportador en esta cosecha fue 65,06 billones de reales, lo que equivale a unos 40 billones de dólares.
Latinoamérica
MÉXICO
3 - 09 - 08
Movimiento en Defensa del Petróleo se declara en “estado de alerta”
El Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo de México declaró este lunes el “estado de alerta” ante el inicio del trabajo en el Congreso. La organización afirma que las bancadas mayoritarias podrían aprobar la privatización de Petróleos Mexicanos.
Latinoamérica
PANAMÁ
04 - 09 - 08
Panameños realizan Jornada nacional de protesta popular
Organizaciones sociales realizan este jueves una jornada para pedir rebaja y congelamiento de los precios de los productos de la canasta básica familiar y la tarifa eléctrica y aumento general del 20 por ciento en salarios y pensiones para jubilados.
El Frente Nacional por
De no recibir respuestas concretas a las peticiones mencionadas, los organizadores ya advirtieron que analizarán nuevas acciones que incluyen la huelga nacional indefinida.
Cabe destacar que en agosto los organizadores de las protestas presentaron un pliego de 15 peticiones al gobierno, que incluyen mejoras a los sistemas públicos de salud y educación, atención a los jubilados y medidas para proteger el medio ambiente, entre otras.
Latinoamérica
BRASIL
3 - 09 - 08
El volumen invertido en el agronegocio creció durante la cosecha 2007/2008, según datos oficiales, y correspondió a casi el 90% del total de inversiones en la producción agrícola del país.
El total de dinero que el gobierno dispuso para el agronegocio exportador en esta cosecha fue 65,06 billones de reales, lo que equivale a unos 40 billones de dólares.
Mientras, la agricultura familiar quedó con inversiones públicas de 8,02 billones de reales, que equivale a poco más de 4 billones de dólares.
La desproporción muestra una menor preocupación del gobierno en la producción de alimentos para la población, ya que es la agricultura familiar que abastece el mercado interno.
De acuerdo con el Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MST), la agricultura familiar produce 79% de los frijoles, 84% de la yuca, 58% de la carne de puerco consumidos en Brasil.
Además, según los datos del MST, la producción a pequeña escala resuelve el abastecimiento interno del 54% de la leche, 49% del maíz y 40% de aves y huevos.
Por parte del agronegocio, la producción es en su mayoría para la exportación y es dedicada a productos de precios altos en el mercado internacional como soja, maíz, algodón, café y carne.
(Fuente Púlsar)
Latinoamérica
MÉXICO
3 - 09 - 08
Movimiento en Defensa del Petróleo se declara en “estado de alerta”
El Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo de México declaró este lunes el “estado de alerta” ante el inicio del trabajo en el Congreso. La organización afirma que las bancadas mayoritarias podrían aprobar la privatización de Petróleos Mexicanos.
La declaración se produjo durante la masiva manifestación que encabezó en el Monumento a
Durante el acto, López Obrador también anunció el inicio de una nueva etapa de resistencia al proyecto oficial de autorizar la participación privada en Petróleos Mexicanos (Pemex).
El Movimiento en Defensa del Petróleo teme que la mayoría parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) apruebe la iniciativa oficial en los próximos días.
Además, se informó las propuestas que el Frente Amplio Progresista (FAP) presentó la semana pasada al Senado. Crear un instituto nacional de energía renovable, anular la división de Pemex, y hacer una nueva ley orgánica de la paraestatal petrolera.
Por último, López Obrador adelantó una denuncia penal por el manejo fraudulento de dinero en la compra de un buque petrolero durante la presidencia de Vicente Fóx, cuando su secretario de energía era el actual mandatario, Felipe Calderón.
Ante Bolivia y la Comunidad Internacional
Manifiesto Público
El Movimiento de los Trabajadores Campesinos e Indígenas Sin Tierra de Bolivia (MST-B), ante Bolivia y la Comunidad Internacional , frente a la coyuntura política y social que atravesamos, recordamos y elevamos el siguiente Manifiesto Público:
El MST-B nace en Bolivia como respuesta a las políticas socio-económicas impuestas y preservadas sistemáticamente por distintos gobiernos, las que provocaron nuestra condición de expulsados de nuestra propia tierra y territorio, así como la injusta privación de acceder al uso y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
El desarrollo organizativo del MST-B, que se ha producido a lo largo de los últimos años, pese a las amenazas, presiones y obstáculos de distinta índole, nos ha permitido ser protagonistas en diversas jornadas históricas que, a su tiempo, abrieron el camino para la consolidación legal de asentamientos comunitarios, la dotación y titulación colectiva de tierras fiscales en el marco de la legalidad, así como en la conquista de un desarrollo normativo y legislativo acorde al avance de nuestros derechos y de todo el pueblo boliviano.
En ese contexto, ahora las bolivianas y bolivianos nos debatimos ante la inminente necesidad de cambio y transformación por un nuevo ciclo histórico-político-social, que recomponga las relaciones de poder que aún subsisten y se reemplace al viejo Estado por otro incluyente, socialmente justo y en lo económico-productivo sustentable e integral, que reafirme la participación social.
Sin embargo, élites que representan a grupos ultraconservadores de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, ante la sola posibilidad de ver afectados sus intereses no dudan en iniciar acciones que afectan al anhelo histórico de las mayorías bolivianas, quebrantan la paz, atentan y ponen en riesgo la vida y seguridad e incluso perturban el orden público y la estabilidad democrática.
Ante esta situación,
1- Manifestamos nuestra vocación por la construcción democrática de un nuevo Estado para superar los estructurales problemas que del viejo Estado se arrastran, junto a sus secuelas de subdesarrollo, empobrecimiento y marginalidad social, entre otros aspectos.
2- Manifestamos nuestro firme compromiso y convicción por el nacimiento de un nuevo marco constitucional que restituya a plenitud la institucionalidad, la representatividad y la legitimidad, para lo cual la única vía urgente es la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado, emergente de la Asamblea Constituyente previa convocatoria a Referéndum Nacional Vinculante por el Congreso Nacional.
3- Manifestamos y ratificamos que el MST-B continuará desarrollando participación firme en todos los espacios y mecanismos de expresión democrática que viabilicen la necesidad de vigencia de una nueva Constitución Política del Estado, como en el punto precedente.
4- Manifestamos que ante la crisis estatal que se hereda del pasado y el desafío de salir con urgencia prioritaria de esta situación, los organismos internacionales no deben escatimar esfuerzos en coadyuvar a la profundización de los derechos indígenas y campesinos sin tierra, de los excluidos de las ciudades y del campo que soñamos con un nuevo país.
5- Manifestamos nuestra denuncia y condena a la toma física y destrucción de la sede de la Coordinadora de los Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC), Confederación de los Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), así como de las instituciones defensoras de los Derechos Humanos, el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA), en la localidad de Guarayos, y del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) en Santa Cruz, propiciada por los grupos de poder en clara violación de los derechos fundamentales.
6- Manifestamos igualmente nuestra solidaridad y condolencia con las víctimas y familiares de los afectados por los hechos de violencia acaecidos en días pasados en distintas regiones del país, en cuyo sentido, exigimos la oportuna investigación y sanción con el debido proceso judicial a quien corresponda.
Es dado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra , por la Asamblea Nacional del MST-B, a los treinta días de septiembre del año dos mil ocho.
POR LA NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
POR LA REFORMA AGRARIA VERDADERA
POR EL DERECHO AL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS
Movimiento de los Trabajadores Campesinos e Indígenas Sin Tierra de Bolivia (MST-B),
fundado el 9 de junio de 2000
Agrocombustibles: obstáculo para la soberanía alimentaria y energética
Por Prensa de Frente
Numerosas organizaciones y movimientos sociales de América Latina y del mundo entero comenzamos a reunirnos en el ALBA de los movimientos sociales, partiendo de la idea de que la integración de nuestros pueblos debe darse desde abajo, con un claro perfil anticolonial, anticapitalista, antipatriarcal y antiimperialista.
- Contra el hambre y el saqueo
No vamos a pagar la crisis, que la crisis la paguen los ricos
- Basta de despidos y de precarización laboral
Contra la guerra y la intervención imperalista
- Por la soberanía alimentaria y la autodeterminación de los pueblos
Numerosas organizaciones y movimientos sociales de América Latina y del mundo entero comenzamos a reunirnos en el ALBA de los movimientos sociales, partiendo de la idea de que la integración de nuestros pueblos debe darse desde abajo, con un claro perfil anticolonial, anticapitalista, antipatriarcal y antiimperialista.
Con la firme convicción de que no podremos enfrentar las políticas del gran capital y del imperialismo de forma dispersa, y entendiendo que los procesos de integración no pueden ser sólo tarea de los gobiernos, decidimos construir un proceso de articulación de los pueblos bajo los principios del ALBA.
Fruto de largos debates, acordamos realizar una movilización el 30 de marzo a nivel continental, “Contra la crisis y la guerra”, con el objetivo de denunciar al capital trasnacional y los gobiernos que actúan como cómplices del saqueo.
Creemos que hoy el capitalismo se encuentra en una crisis profunda, que intenta descargar sobre nuestros pueblos. Las consecuencias están a la vista: el incremento brutal de la pobreza, la desigualdad, la explotación y exclusión de los pueblos, y el saqueo, contaminación y destrucción de la naturaleza.
Las políticas del capital trasnacional y de los grandes grupos económicos locales llevaron a la desaparición de poblaciones completas, arrasadas por los megaproyectos de las industrias extractivas y agroexportadoras, y han condenado a los pueblos a una difícil sobrevivencia.
Para imponer esta lógica, el capital refuerza la violencia y el control militar, promoviendo guerras, invasiones, agresiones, así como el establecimiento de bases militares, de ejercicios militares conjuntos, y la criminalización de los movimientos populares. Por eso creemos que es necesario desarrollar acciones prácticas de solidaridad antiimperialista: frente a la represión, la militarización, tal como se manifiesta en nuestro continente, a través por ejemplo de la implementación del Plan Colombia, y de la ocupación de Haití por tropas de países latinoamericanos, contra las bases militares norteamericanas en el continente, contra la criminalización y la lucha por la libertad de los/as presos/as políticos/as.
Rechazamos el modelo extractivo-exportador que se nos ha impuesto en América Latina y en nuestro país con el antecedente de siglos de saqueo y despojo, y que ahora continúan el gobierno de Cristina Fernández y Néstor Kirchner, pero también el arco opositor representado por la Coalición Cívica, la UCR y la Alianza Solá-Macri-De Narvaez.
Por todo esto, decidimos convocar en Argentina a esta movilización continental de lucha.
Por eso, el 30 de marzo estaremos en la calle, al igual que miles de luchadores y luchadoras en toda América para decir:
NO VAMOS A PAGAR POR LA CRISIS , QUE LA PAGUEN LOS RICOS
Reclamamos:
- Salario y trabajo digno para todos los trabajadores/as ocupados/as, desocupados/as, autogestionados/as, rurales y urbanos.
- La nacionalización de la banca sin indemnización y bajo control social
- Basta de despidos. Reducción del tiempo de trabajo sin reducción del salario y mantenimiento de los puestos de trabajo.
- Fábrica Cerrada, Fábrica Recuperada
- La estatización del comercio exterior con control social.
- Poner fin a las guerras, retirar las tropas de ocupación y desmantelar las bases militares extranjeras así como garantizar el cese del desplazamiento de las poblaciones producto de la guerra, especialmente mujeres y niños/as
- Reconocer la soberanía y autonomía de los pueblos, garantizando el derecho a la autodeterminación
- Garantizar el derecho a la tierra, a la vivienda, al territorio, trabajo, educación y salud para todas y todos reconociendo las experiencias de autogestión y cooperación que se vienen desarrollando como los bachilleratos populares, las experiencias de autogestión de construcción, las recuperadas y experiencias de trabajo autogestivo.
- Reforma agraria integral. Basta de desalojos a los campesinos/as.
- Efectiva titularidad de tierras en la ciudad de quienes deben recuperar espacios abandonados para garantizarse el derecho a la vivienda digna.
- No al pago de la deuda externa ilegítima, redireccionamiento de esos recursos para garantizar los derechos sociales. Auditoría de la deuda.
- Medidas para garantizar la soberanía alimentaria y energética. Recuperación efectiva de las empresas privatizadas con el auge del neoliberalismo (comunicaciones, transporte, petróleo, gas, agua, energía)
Con la firme convicción de que es posible una nueva gesta de independencia latinoamericana, de los pueblos y para los pueblos, por una integración popular, por la vida, por la justicia, por la paz, por la soberanía, por la identidad, por la igualdad, por la libertad de América Latina, por una auténtica emancipación, que tenga en su horizonte el socialismo.
Convocan:- Movimiento Nacional Campesino Indígena (en el espacio promotor del ALBA)
- Frente Popular Darío Santillán (en el espacio promotor del ALBA)
- ATE / CTA (en el espacio promotor del ALBA)
- Equipo de Educación Popular “Pañuelos en Rebeldía” (en el espacio promotor del ALBA)
- La Mella
- Convocatoria
- Pelota de Trapo- Chicos del pueblo
- Espacio Chico Mendes
- Diálogo 2000
- Agrupacion Fuentealba - FANA
PRONTURARIO DE ASESINATOS
Más de 1200 indígenas han sido asesinados durante los 6 años del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, cuya relación exacta, con nombres y fechas, esperan poder leerle al presidente el próximo lunes, o cuando se digne recibirlos, si lo hace.
17 de esos crímenes fueron cometidos durante el último mes. Hace apenas 20 días, fue asesinado un exconsejero del CRI. Según indagaciones hechas por los propios indígenas, ocho de esos crímenes han sido cometidos por la fuerza pública, cuatro por los paramilitares, uno por la guerrilla, los otros por autores desconocidos. Las llamadas fuerzas oscuras, que son tan claras.
Sólo durante este mismo gobierno, se estiman en 55 mil los indígenas desplazados, 400 mil sin acceso a tierras y 18 pueblos enteros en peligro de extinción.
LA MINGA INDÍGENA NACIONAL
La Minga Indígena Nacional no pretende otra cosa que avanzar hacia el país posible y necesario. Se trata de un mecanismo, “para establecer un camino sólido, desde los pueblos, para construir y desarrollar una agenda de unidad, desde la diversidad y el respeto”.
La Minga es un grito desesperado para la defensa de la vida y los derechos territoriales, políticos, ambientales y alimentarios de las comunidades indígenas.
Unos diez mil indígenas y campesinos, partieron desde el sitio La María, en el municipio Piendamó, en el departamento del Cauca, al sur occidente del país, hacia Cali, una de las ciudades más importantes de Colombia, capital del vecino departamento del Valle del Cauca. En el camino han seguido sumándose miles de indígenas, en una audiencia que crece más y más, y que espera reunir finalmente más de treinta mil indígenas.
“La marcha que estamos realizando la hacemos también para dar a conocer el atropello de que somos víctimas por defender nuestros derechos. ”, señaló Marlitt Pusecc a YVKE. “Queremos llamar la atención de la opinión pública sobre el trato que nos están dando, como terroristas, y denunciar que va a haber un genocidio acá en Colombia contra nosotros los indígenas”.
Los días 14, 15 y 18 de este mes, la fuerza pública arremetió de una manera desmedida y brutal contra los indígenas congregados en La María. Como parte de la movilización, los indígenas bloquearon la vía Panamericana, que conduce de la ciudad de Popayán, capital del Cauca, a Cali. Lo que era una marcha pacífica, se volvió una batalla campal, cuando la policía intentó desalojar la vía por la fuerza.
“En el momento contamos con 120 heridos, la mayoría con arma de fuego, y dos compañeros muertos, también con arma de fuego. Seis compañeros perdieron la vista. Y ocho familias, indígenas y campesinas, fueron desalojadas por la fuerza pública. Quemaron sus viviendas y lo que tenían, y quedaron en total desamparo”, dice Marlitt.
Víctor Meléndez, delegado de la Defensoría del Pueblo en el Cauca, calificó de “desproporcionada” la actitud de la fuerza pública.
LA PALABRA ACORRALADA
A esta represión abierta, y al hermetismo y las tergiversaciones de los poderes mediáticos, se agrega el modo torpe con el que se trató de silenciar los exiguos medios de comunicación del movimiento indígena.
“Cuando hubo más abuso de la autoridad, y estábamos pidiendo solidaridad, nos quitaron la energía en La María y en los sectores desde donde tratábamos de difundir lo que estaba pasando”, afirma Marlitt Pusecc. “Nuestras páginas en Internet se cayeron. Los correos electrónicos y los celulares fueron bloqueados. Nos querían dejar incomunicados”.
La situación motivó un comunicado de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, en el que expresaba su preocupación por estos hechos, y solicitó a las autoridades “que se aclare lo sucedido con los medios comunitarios del Cauca”.
EL FONDO DE LA RESISTENCIA
Un punto fundamental del reclamo de los indígenas tiene que ver con el incumplimiento por parte del gobierno de acuerdos adquiridos previamente.
“Han habido masacres cometidas por la fuerza pública, llevadas a instancias nacionales e internacionales, que obligan al gobierno a cumplir con indemnizaciones a las familias y a las comunidades, y el gobierno no ha cumplido”, expresó Marlitt Pusecc.
No se trata, en esencia, como lo explica la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) en un documento reciente, “de negociar nada nuevo, sino de que se dé cumplimiento a lo convenido”.
Frente a masacres cometidas por el propio estado, entre 1991 y 2005, se celebraron 13 Acuerdos, en los que el Estado Colombiano se comprometió a reparar, individual y colectivamente, a las víctimas y al pueblo Nasa del Norte del Cauca.
El Presidente Ernesto Samper pidió perdón público por la masacre de El Nilo. Una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia a la que los indígenas tuvieron que recurrir al no lograr justicia en el país y ante el asesinato de abogados, jueces y testigos, recomienda al Estado, desde el año 2000, cumplir con los compromisos relativos a la reparación integral.
El propio gobierno actual se comprometió, en 2005, a través del último acuerdo, a dar cumplimiento a todas las obligaciones pendientes en un plazo máximo de dos años.
Pero la larga lista de masacres continúa sin enmienda. Masacres como, por ejemplo, la de la Hacienda El Nilo, con 20 indígenas masacrados, en 1991; la del río Naya (límites entre los departamentos de Cauca y Valle), con más de un centenar de muertos, la mayor parte indígenas, en 2001; la de Gualanday (municipio de Corinto), con 13 indígenas asesinados, en 2001, o la de San Pedro (municipio de Santander de Quilichao), con 7 indígenas asesinados, también en 2001.
El gobierno del presidente Uribe no sólo no ha cumplido con los acuerdos, sino que ha promulgado leyes en contravía de los mismos, y se ha valido de toda clase de artilugios para desautorizar cualquier reclamo de las comunidades indígenas.
Otro punto de la agenda tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. “Sabemos que en este momento el TLC está en manos del Congreso de los Estados Unidos, por lo que proponemos mecanismos de interlocución frente al Congreso de ese país”, sostienen los indígenas.
La denominada “Legislación de Despojo” es otro tema de la agenda. La misma Corte Constitucional declaró inexequible la Ley Forestal. Los indígenas exigen que el Estatuto Rural, el código de Minas, los Planes de Aguas, y todas las leyes que han debido ser sometidas a consulta previa, sean derogadas. Un verdadero desafío para el presidente Uribe, y, como lo señala el columnista Alfredo Molano, “el mayor alzamiento que haya cuestionado sus políticas —de seguridad democrática, tierras y aguas— y sus planes electorales”.
Ante la amenaza que les significa el propio estado, los indígenas plantean la necesaria intervención y la presencia de una comisión internacional, que pueda asumir funciones concretas, para que se dé respuesta real a su gravísima situación, y solicitan la coordinación del Relator Especial para los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas.
ATENTADOS CONTRA LA DIGNIDAD
“Y le pedimos al presidente el resarcimiento del buen nombre del movimiento indígena. Que no nos nombren como terroristas, ni nos vinculen con los grupos guerrilleros. Queremos dejar esto muy en claro, porque no es así. Y hoy las vidas de quienes representamos a las comunidades están amenazadas, nos sentimos en peligro. Somos un movimiento donde velamos por los derechos de quienes representamos. Que nos traten con la dignidad y el respeto que nos merecemos”, terminó indicando la Consejera del CRI, Marlitt Pusecc.
La Organización Nacional Indígena de Colombia y la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca han presentado una acción de tutela contra el presidente Álvaro Uribe Vélez, el Ministro del Interior Fabio Valencia Cossio, y el General Freddy Padilla de León, como comandante del Ejército, por la violación de los derechos fundamentales a la vida, la integridad personal, la protección de la honra y la dignidad de los pueblos indígenas que participan en la Minga.
El manejo autoritario de esta crisis y el trato déspota hacia unos interlocutores a los que se subestima o considera indignos, se ejemplifica en los continuos palos de ciego dados por el ministro de defensa, Juan Manuel Santos, adalid de la oligarquía colombiana, y personaje muy estimado y querido para los Estados Unidos.
En la misma tónica en la que el ministro sale apresurado a calificar de atentados de las Farc los “falsos positivos” del estamento militar que él mismo orienta, Juan Manuel Santos sembró en el aire la duda de que estas marchas eran financiadas con recursos internacionales.
A esto, señala Marlitt Pusecc, que “claro que nosotros hemos pedido y estamos pidiendo solidaridad. Necesitamos que nos colaboren con recursos, víveres, agua, medicamentos, que es lo que esencialmente necesitamos. Son 6 días y una cantidad grande de personas marchando. Así que, aunque la responsabilidad de la marcha está en las propias comunidades, pedimos la solidaridad de instituciones y de ONG´s, del país o de afuera”.
Y en verdad que no puede ser de otra manera. No se trata de las marchas uribistas, en las que, al igual que en las campañas presidenciales, van y vienen, y a montones, los dineros lícitos y más bien ilícitos de los grupos económicos, de la oligarquía, del paramilitarismo, y, mejor dicho, del uribismo.
Estamos hablando de marchas indígenas, mejor dicho, de marchas de pobres. Pobres entre los más pobres. En una condena irremediable para el campo, los campesinos y con ellos los indígenas, a la que el propio Juan Manuel Santos contribuyó desde su posición como ministro de Hacienda, durante el gobierno de Andrés Pastrana, y durante 9 años como delegado en Londres ante la Organización Internacional del Café (OIC), poniendo en marcha las políticas neoliberales que ahora escandalizan a sus mismos responsables.
El ministro Santos, en otro ex abrupto, sin que le temblara un músculo de la cara, le exigió a los indígenas disculpas ante los policías heridos en los enfrentamientos. Bien lo respondió el diario colombiano “El Espectador”, en su editorial del domingo anterior, al sostener que “iguales razones, pensarán, tienen ellos (los indígenas) para exigir disculpas de parte de quienes los confrontan violentamente y estigmatizan”.
Y LA MINGA SIGUE
La marcha continúa ahora, en medio de los abusos de la Fuerza Pública, cuyos coroneles pregonan la orden de no abrir fuego, aunque los videos caseros de los celulares evidencien otra cosa. Los indígenas siguen adelante, avanzando masivamente por el Sur Occidente, hacia el propio corazón de Colombia, aunque la mayor parte de los medios masivos vuelvan sus titulares hacia “la realidad del país”, donde ellos irremediablemente no figuran. O se los reseñe apenas para afirmar que se están matando ellos mismos, como en el caso de Elver Ilitro, citando la incuestionable Agencia Nacional de Noticias Policiales (Annp). Una agencia independiente, de policías inocentes.
En la Minga, los indígenas le apuestan cada paso a este lema: ¡El estado de conmoción no apagará la voz del pueblo y el clamor de la madre tierra! Y uno no puede dejar de pensar: Ojalá no tengan que apostarle también la vida que les queda.
Las Crónicas de Indias sólo tuvieron la mirada de los conquistadores. ¿Hasta cuándo la conquista y la colonización que aún se hace de los territorios indígenas seguirá teniendo apenas la perspectiva de Uribe y sus congéneres?
PRONTURARIO DE ASESINATOS
Más de 1200 indígenas han sido asesinados durante los 6 años del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, cuya relación exacta, con nombres y fechas, esperan poder leerle al presidente el próximo lunes, o cuando se digne recibirlos, si lo hace.
17 de esos crímenes fueron cometidos durante el último mes. Hace apenas 20 días, fue asesinado un exconsejero del CRI. Según indagaciones hechas por los propios indígenas, ocho de esos crímenes han sido cometidos por la fuerza pública, cuatro por los paramilitares, uno por la guerrilla, los otros por autores desconocidos. Las llamadas fuerzas oscuras, que son tan claras.
Sólo durante este mismo gobierno, se estiman en 55 mil los indígenas desplazados, 400 mil sin acceso a tierras y 18 pueblos enteros en peligro de extinción.
LA MINGA INDÍGENA NACIONAL
La Minga Indígena Nacional no pretende otra cosa que avanzar hacia el país posible y necesario. Se trata de un mecanismo, “para establecer un camino sólido, desde los pueblos, para construir y desarrollar una agenda de unidad, desde la diversidad y el respeto”.
La Minga es un grito desesperado para la defensa de la vida y los derechos territoriales, políticos, ambientales y alimentarios de las comunidades indígenas.
Unos diez mil indígenas y campesinos, partieron desde el sitio La María, en el municipio Piendamó, en el departamento del Cauca, al sur occidente del país, hacia Cali, una de las ciudades más importantes de Colombia, capital del vecino departamento del Valle del Cauca. En el camino han seguido sumándose miles de indígenas, en una audiencia que crece más y más, y que espera reunir finalmente más de treinta mil indígenas.
“La marcha que estamos realizando la hacemos también para dar a conocer el atropello de que somos víctimas por defender nuestros derechos. ”, señaló Marlitt Pusecc a YVKE. “Queremos llamar la atención de la opinión pública sobre el trato que nos están dando, como terroristas, y denunciar que va a haber un genocidio acá en Colombia contra nosotros los indígenas”.
Los días 14, 15 y 18 de este mes, la fuerza pública arremetió de una manera desmedida y brutal contra los indígenas congregados en La María. Como parte de la movilización, los indígenas bloquearon la vía Panamericana, que conduce de la ciudad de Popayán, capital del Cauca, a Cali. Lo que era una marcha pacífica, se volvió una batalla campal, cuando la policía intentó desalojar la vía por la fuerza.
“En el momento contamos con 120 heridos, la mayoría con arma de fuego, y dos compañeros muertos, también con arma de fuego. Seis compañeros perdieron la vista. Y ocho familias, indígenas y campesinas, fueron desalojadas por la fuerza pública. Quemaron sus viviendas y lo que tenían, y quedaron en total desamparo”, dice Marlitt.
Víctor Meléndez, delegado de la Defensoría del Pueblo en el Cauca, calificó de “desproporcionada” la actitud de la fuerza pública.
LA PALABRA ACORRALADA
A esta represión abierta, y al hermetismo y las tergiversaciones de los poderes mediáticos, se agrega el modo torpe con el que se trató de silenciar los exiguos medios de comunicación del movimiento indígena.
“Cuando hubo más abuso de la autoridad, y estábamos pidiendo solidaridad, nos quitaron la energía en La María y en los sectores desde donde tratábamos de difundir lo que estaba pasando”, afirma Marlitt Pusecc. “Nuestras páginas en Internet se cayeron. Los correos electrónicos y los celulares fueron bloqueados. Nos querían dejar incomunicados”.
La situación motivó un comunicado de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, en el que expresaba su preocupación por estos hechos, y solicitó a las autoridades “que se aclare lo sucedido con los medios comunitarios del Cauca”.
EL FONDO DE LA RESISTENCIA
Un punto fundamental del reclamo de los indígenas tiene que ver con el incumplimiento por parte del gobierno de acuerdos adquiridos previamente.
“Han habido masacres cometidas por la fuerza pública, llevadas a instancias nacionales e internacionales, que obligan al gobierno a cumplir con indemnizaciones a las familias y a las comunidades, y el gobierno no ha cumplido”, expresó Marlitt Pusecc.
No se trata, en esencia, como lo explica la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) en un documento reciente, “de negociar nada nuevo, sino de que se dé cumplimiento a lo convenido”.
Frente a masacres cometidas por el propio estado, entre 1991 y 2005, se celebraron 13 Acuerdos, en los que el Estado Colombiano se comprometió a reparar, individual y colectivamente, a las víctimas y al pueblo Nasa del Norte del Cauca.
El Presidente Ernesto Samper pidió perdón público por la masacre de El Nilo. Una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia a la que los indígenas tuvieron que recurrir al no lograr justicia en el país y ante el asesinato de abogados, jueces y testigos, recomienda al Estado, desde el año 2000, cumplir con los compromisos relativos a la reparación integral.
El propio gobierno actual se comprometió, en 2005, a través del último acuerdo, a dar cumplimiento a todas las obligaciones pendientes en un plazo máximo de dos años.
Pero la larga lista de masacres continúa sin enmienda. Masacres como, por ejemplo, la de la Hacienda El Nilo, con 20 indígenas masacrados, en 1991; la del río Naya (límites entre los departamentos de Cauca y Valle), con más de un centenar de muertos, la mayor parte indígenas, en 2001; la de Gualanday (municipio de Corinto), con 13 indígenas asesinados, en 2001, o la de San Pedro (municipio de Santander de Quilichao), con 7 indígenas asesinados, también en 2001.
El gobierno del presidente Uribe no sólo no ha cumplido con los acuerdos, sino que ha promulgado leyes en contravía de los mismos, y se ha valido de toda clase de artilugios para desautorizar cualquier reclamo de las comunidades indígenas.
Otro punto de la agenda tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. “Sabemos que en este momento el TLC está en manos del Congreso de los Estados Unidos, por lo que proponemos mecanismos de interlocución frente al Congreso de ese país”, sostienen los indígenas.
La denominada “Legislación de Despojo” es otro tema de la agenda. La misma Corte Constitucional declaró inexequible la Ley Forestal. Los indígenas exigen que el Estatuto Rural, el código de Minas, los Planes de Aguas, y todas las leyes que han debido ser sometidas a consulta previa, sean derogadas. Un verdadero desafío para el presidente Uribe, y, como lo señala el columnista Alfredo Molano, “el mayor alzamiento que haya cuestionado sus políticas —de seguridad democrática, tierras y aguas— y sus planes electorales”.
Ante la amenaza que les significa el propio estado, los indígenas plantean la necesaria intervención y la presencia de una comisión internacional, que pueda asumir funciones concretas, para que se dé respuesta real a su gravísima situación, y solicitan la coordinación del Relator Especial para los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas.
ATENTADOS CONTRA LA DIGNIDAD
“Y le pedimos al presidente el resarcimiento del buen nombre del movimiento indígena. Que no nos nombren como terroristas, ni nos vinculen con los grupos guerrilleros. Queremos dejar esto muy en claro, porque no es así. Y hoy las vidas de quienes representamos a las comunidades están amenazadas, nos sentimos en peligro. Somos un movimiento donde velamos por los derechos de quienes representamos. Que nos traten con la dignidad y el respeto que nos merecemos”, terminó indicando la Consejera del CRI, Marlitt Pusecc.
La Organización Nacional Indígena de Colombia y la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca han presentado una acción de tutela contra el presidente Álvaro Uribe Vélez, el Ministro del Interior Fabio Valencia Cossio, y el General Freddy Padilla de León, como comandante del Ejército, por la violación de los derechos fundamentales a la vida, la integridad personal, la protección de la honra y la dignidad de los pueblos indígenas que participan en la Minga.
El manejo autoritario de esta crisis y el trato déspota hacia unos interlocutores a los que se subestima o considera indignos, se ejemplifica en los continuos palos de ciego dados por el ministro de defensa, Juan Manuel Santos, adalid de la oligarquía colombiana, y personaje muy estimado y querido para los Estados Unidos.
En la misma tónica en la que el ministro sale apresurado a calificar de atentados de las Farc los “falsos positivos” del estamento militar que él mismo orienta, Juan Manuel Santos sembró en el aire la duda de que estas marchas eran financiadas con recursos internacionales.
A esto, señala Marlitt Pusecc, que “claro que nosotros hemos pedido y estamos pidiendo solidaridad. Necesitamos que nos colaboren con recursos, víveres, agua, medicamentos, que es lo que esencialmente necesitamos. Son 6 días y una cantidad grande de personas marchando. Así que, aunque la responsabilidad de la marcha está en las propias comunidades, pedimos la solidaridad de instituciones y de ONG´s, del país o de afuera”.
Y en verdad que no puede ser de otra manera. No se trata de las marchas uribistas, en las que, al igual que en las campañas presidenciales, van y vienen, y a montones, los dineros lícitos y más bien ilícitos de los grupos económicos, de la oligarquía, del paramilitarismo, y, mejor dicho, del uribismo.
Estamos hablando de marchas indígenas, mejor dicho, de marchas de pobres. Pobres entre los más pobres. En una condena irremediable para el campo, los campesinos y con ellos los indígenas, a la que el propio Juan Manuel Santos contribuyó desde su posición como ministro de Hacienda, durante el gobierno de Andrés Pastrana, y durante 9 años como delegado en Londres ante la Organización Internacional del Café (OIC), poniendo en marcha las políticas neoliberales que ahora escandalizan a sus mismos responsables.
El ministro Santos, en otro ex abrupto, sin que le temblara un músculo de la cara, le exigió a los indígenas disculpas ante los policías heridos en los enfrentamientos. Bien lo respondió el diario colombiano “El Espectador”, en su editorial del domingo anterior, al sostener que “iguales razones, pensarán, tienen ellos (los indígenas) para exigir disculpas de parte de quienes los confrontan violentamente y estigmatizan”.
Y LA MINGA SIGUE
La marcha continúa ahora, en medio de los abusos de la Fuerza Pública, cuyos coroneles pregonan la orden de no abrir fuego, aunque los videos caseros de los celulares evidencien otra cosa. Los indígenas siguen adelante, avanzando masivamente por el Sur Occidente, hacia el propio corazón de Colombia, aunque la mayor parte de los medios masivos vuelvan sus titulares hacia “la realidad del país”, donde ellos irremediablemente no figuran. O se los reseñe apenas para afirmar que se están matando ellos mismos, como en el caso de Elver Ilitro, citando la incuestionable Agencia Nacional de Noticias Policiales (Annp). Una agencia independiente, de policías inocentes.
En la Minga, los indígenas le apuestan cada paso a este lema: ¡El estado de conmoción no apagará la voz del pueblo y el clamor de la madre tierra! Y uno no puede dejar de pensar: Ojalá no tengan que apostarle también la vida que les queda.
Las Crónicas de Indias sólo tuvieron la mirada de los conquistadores. ¿Hasta cuándo la conquista y la colonización que aún se hace de los territorios indígenas seguirá teniendo apenas la perspectiva de Uribe y sus congéneres?
Nota Extraída de rebelion.org




Si el kirchnerismo queda prisionero de Scioli en 2009, adiós progresismo en 2011
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